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La Policía Nacional Civil -PNC- se estaría preparando para un desalojo violento en tres comunidades Maya Q´eqchi del Valle del Polochic: Voces de Iximulew

Guatemala, 21 de Enero de 2016 (Cerigua).- La Policía Nacional Civil (PNC) se estaría preparando para realizar un desalojo violento en tres comunidades Maya Q’eqchi, del Polochic, Alta Verapaz, señala un artículo de José Gabriel Cubur, comunicador social del Comité de Unidad Campesina (CUC).

voces-iximulew-polochicCubur, quien escribe para el sitio web de la emisora voces de Iximulew, señala que de acuerdo con el oficio 18-2016 de la Comisaría 51, Subestación 51 de la Policía Nacional Civil (PNC), de Cobán, Alta Verapaz, el 12 de enero pasado se practicó un “análisis de riesgo” en las comunidades campesinas Qeqchi’, Bella Flor, Paraná y Tinajas, ubicadas en el Valle del Polochic.

En su informe la PNC refiere que los habitantes de estas comunidades son “usurpadores e invasores” y que conforme a opiniones de “vecinos de Panzós, dichos invasores se encuentran preparados para defenderse con armas de fuego, machetes, palos y piedras y no temen enfrentarse porque han pertenecido a las filas del ejército y las guerrillas”.

A decir de Cubur, esto criminaliza a la población y busca justificar la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de un desalojo violento a gran escala, que podría ser fatal para niños, mujeres y ancianos que viven en el lugar.

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El comunicador recuerda que las familias campesinas de esas comunidades ya fueron desalojadas violentamente en marzo de 2011, en un acto en el que perdieron sus casas, cosechas, utensilios de cocina y herramientas de trabajo; en esa ocasión fue asesinado Antonio Beb Ac y detenido Manuel Xuc; posteriormente fueron asesinados Oscar Reyes y Margarita Chub Che.

Las atrocidades sufridas por esas familias motivó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara medidas cautelares, las que hasta la fecha ha incumplido el gobierno.

Líderes de las comunidades donde la PNC practicó informaron haber regresado a las tierras de donde fueron desalojados, como medida de presión al gobierno, que no ha cumplido con la promesa de entregar tierra a las 800 familias desalojadas, que gozan de medidas cautelares; sólo 210 familias han tenido acceso a tierra por medio del Fondo de Tierras.

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Las familias campesinas desalojadas en marzo de 2011 en el Valle del Polochic se han mantenido en diálogo con el Fondo de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios, para abordar el tema, refiere Cubur.

En relación a esto, se conoció que a finales de 2015 la empresa Chabil Utzaj envió al Fondo de Tierras una carta de oferta para la venta de las tierras de la comunidad Paraná, lo que hace suponer que existe un espacio de negociación y diálogo entre personeros de Chabil Utzaj y líderes comunitarios; incluso ambas partes tienen programada una reunión en la sede del Fondo de Tierras.

Sin embargo, los líderes comunitarios dicen que no pueden confiarse de este espacio de diálogo porque recuerdan que un día antes de iniciar los desalojos violentos de 2011 estuvieron en una mesa de diálogo en la Secretaría de Asuntos Agrarios.

El comunicador destaca que, para no cometer los mismos errores de 2011, la PNC debe incluir en su investigación o “análisis de riesgo”, que las familias campesinas a las que ellos llaman “invasoras” participan en espacios de negociación y diálogo para obtener de manera legal la tierra y que se corre el riesgo de romper con ese proceso legítimo.

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A la PNC también se le olvidó incorporar en los antecedentes del análisis de riesgo, que las personas que han resultado asesinadas o heridas, son campesinas, integrantes de la población organizada, que reclama sus derechos y no miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Tampoco tienen registros de que miembros de las comunidades campesinas que gozan de medidas cautelares hayan actuado en contra de la PNC; el monitoreo de medios que se realizó para constatar este dato pone en duda lo afirmado por la PNC, cuando en su informe dice que durante los desalojos “ha habido destrozos en la sede policial”.

Cubur concluye que el informe de la PNC constituye una clara criminalización de las comunidades del Valle del Polochic, desalojadas violentamente en marzo de 2011, con lo que se pretenden justificar desalojos violentos en el futuro.

 

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