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Sololá, 17 de Febrero de 2015 (Cerigua).- La Auxiliatura móvil de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Santiago Atitlán, Sololá, realizó un monitoreo en el Juzgado de Paz, del municipio de San Lucas Tolimán, donde se detectó que hace falta personal para la atención de los casos que recibe constantemente.

justiciaSalvador Loarca Marroquín, representante del PDH, dijo que recientemente se realizó una diligencia en el Juzgado de Paz del municipio de San Lucas Tolimán, donde se entrevistó a Helios Romeo Gómez, juez de paz, así como al oficial de trámite, a la secretaria y a 26 vecinos y vecinas.

Según la información obtenida, en el lugar se tramitaron 62 casos por violencia intrafamiliar, en 2014; 206 falta, cinco de niñez, cinco de adolescentes en conflicto con la ley penal, ocho por violencia contra la mujer; 28 convenios de familia, 20 juicios de familia y 157 delitos.

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Los entrevistados coincidieron al señalar que el personal es insuficiente, tomando en cuenta la cantidad de casos a los que se da trámite; hace falta un notificador, un comisario y un intérprete del idioma maya Kaqchikel, para atender a las víctimas de violencia, y de carece de un espacio físico con privacidad.

La población se quejó del mal trato y del servicio que reciben en el juzgado, especialmente por el juez, el auxiliar de mantenimiento y la secretaria, además de señalar que en ocasiones les piden dinero para agilizar los procesos y les cobran por las certificaciones judiciales.

Las mujeres entrevistadas indicaron sentirse discriminadas y objeto de malos tratos cuando presentan sus denuncias, en especial cuando se refieren a casos de violencia en su contra; dijeron que hay fuga de información y la mayoría coincidió en que en dicho juzgado se presta un mal servicio y que se debería cambiar de personal.

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La institución recomienda, para mejorar el servicio, que la Corte Suprema de Justicia nombre un intérprete del idioma Maya Kaqchikel, para evitar la discriminación, los malos tratos y la revictimización de los denunciantes.

Además se debe nombrar un notificador y un comisario, mientras que la Junta de Disciplina del Organismo Judicial debe iniciar una investigación por los casos de corrupción, fuga de información y malos tratos denunciados, concluyó Loarca.

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