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Izabal, 25 de Abril de 2014 (Cerigua).- Representantes de la Compañía de Desarrollo Bananero de Guatemala S.A (BANDEGUA), impidieron que periodistas de Prensa Libre y Nuestro Diario ingresaran a la finca Aztec, en Los Amates, Izabal,  lugar donde miembros de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izaba (SITRABI) realizarían una inspección.

En el lugar, unos 28 trabajadores habrían resultado intoxicados con el químico Diazinón, el martes 7 de abril, por lo que el encuentro, que tuvo lugar el 11 de abril, tenía como objetivo aclarar las circunstancias en que se dieron los hechos, a través de una inspección ocular y la recolección de pruebas.

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Elvis Márquez, gerente de la empresa BANDEGUA en Izabal, dijo a los periodistas José Fredy López, de Prensa Libre y Selvin Ronaldo Morales, de Nuestro Diario, que en dicha diligencia no era necesaria la presencia de la prensa y pidió a los comunicadores que esperaran afuera.

Con actitud prepotente, Márquez solicitó que les fueran recogidas las mascarillas que momentos antes habían sido entregadas a los reporteros y les prohibió terminantemente que tomaran fotografías de la actividad desarrollada.

Las señoras María Sandoval y Alma Angélica Escobar Morales, ambas de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (CONASSO), se sumaron a la posición del gerente de BANDEGUA y mostraron su desacuerdo con la presencia de la prensa en el lugar.

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Los comunicadores, quienes fueron empujados por Márquez, decidieron resguardar su integridad y retirarse del lugar, sin embargo al salir fueron interceptados por elementos de seguridad privada de la empresa SAMSA, quienes les pidieron sus documentos de identificación, de donde extrajeron sus nombres.

El Observatorio de los Periodistas se solidariza con los periodistas afectados y lamenta la actitud prepotente y arbitraria con la que fueron obligados los comunicadores a retirarse del lugar, así como la forma intimidatoria con la que se les pidieron sus nombres y números de identificación.

El Artículo 35 de la Constitución Política de la República establece que es libre la emisión del pensamiento, así como el acceso a las fuentes informativas, por lo que nadie puede limitar ese derecho, acciones que vulneran la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información.

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