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Jutiapa, 24 de Marzo de 2014 (Cerigua).- El Programa de Protección a Periodistas fue una iniciativa tomada por Cerigua desde hace más de dos años y no una propuesta del actual gobierno, como se ha querido dar a conocer, afirmó Ileana Alamilla, coordinadora del Observatorio de los Periodistas.

Alamilla recordó, durante su intervención en el XXVI aniversario de la Asociación de Periodistas Jutiapanecos (APJ) al que fue invitada para abordar este tema, que este mecanismo de protección a la prensa fue cabildeado ante diversas misiones diplomáticas en Guatemala y en Ginebra, Suiza, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), realizado a Guatemala por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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En mayo del 2012 el Presidente, Otto Pérez Molina, escuchó la propuesta y anunció su implementación; en 2013 se ratificó la decisión gubernamental y en noviembre fue firmado el documento con que se iniciará la construcción del programa, sin embargo éste únicamente fue suscrito por funcionarios de gobierno, enfatizó la profesional.

Asimismo, sostuvo que el involucramiento del gremio periodístico es fundamental para la construcción del programa y para que tenga sustento legítimo, especialmente de los periodistas que ejercen en los departamentos.

En 2012, luego de presentar la propuesta al Ejecutivo, Cerigua junto con las asociaciones de prensa de Jutiapa, Escuintla, Alta Verapaz, San Marcos, Santa Rosa, Izabal y Chiquimula insistieron para que el programa fuera aprobado a la brevedad posible, sin embargo ninguna fue tomada en cuenta.

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La Coordinadora del Observatorio de los Periodistas dio a conocer que en esta semana Cerigua, como parte del comité coordinador de IFEX ALC, denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el asesinato de los cuatro periodistas, delitos que ocurrieron el pasado año así como las constantes violaciones a la libertad de expresión en Guatemala.

De igual manera, señaló que como parte de los esfuerzos que coordina desde el Observatorio de los Periodistas a favor de la prensa nacional, participa en una instancia de análisis de patrones de riesgo en contra de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y operadores de justicia, espacio donde dan a conocer a las autoridades las amenazas y agresiones contra los profesionales de la prensa y demanda su esclarecimiento.

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En esta instancia participan el Ministerio de Gobernación, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el Ministerio Público, así como otras organizaciones de sociedad civil.

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