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Guatemala, Octubre 30 del 2012 (José Fredy López/Cerigua).- Los pobladores de las comunidades El Cedro y Montaña de Patzún, de los municipios de Morales y Los Amates, Izabal, respectivamente, se encuentran bajo amenaza de desalojo por parte del Juzgado de Primera Instancia Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, conflicto que libran desde hace varios años con terratenientes del lugar y con una asociación supuestamente de campesinos, que argumenta tener propiedad sobre el inmueble.

Rubén Espino Sandoval, representante comunitario de las y los afectados, dijo a Cerigua que han sostenido reuniones con Mynor Capa, diputado por Izabal, quien ofreció su apoyo y gestión ante las autoridades correspondientes para encontrar una solución a la problemática, pues se pretende desalojar a cientos de familias y dejar sin el sustento diario a miles de habitantes de esas comunidades, indicó.

Espino afirmó que en 2003 el Fondo de Tierras en forma no esclarecida y sin tomar en cuenta a las comunidades ahí asentadas desde 1916, adjudicó 11 caballerías de terreno a la Asociación Campesina de Desarrollo de Los Andes (ACDELA) y quienes conforman una aldea de nombre “Nueva Santa Elena”, comunidad fantasma, porque en realidad no existe físicamente en el área.

Es lamentable la actitud de algunos funcionarios, quienes se prestan a anomalías y mediante procedimientos viciados continúan con el despojo a campesinos, que por décadas han ocupado en forma pacífica esos terrenos, que les han dado el sustento para sus familias.

Por su parte, la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) estima que el conflicto en referencia es en gran medida complejo y se extiende a otras cinco comunidades de Los Amates, sobre las cuales existen dos sociedades (PRAMA S.A y El Botiquín S.A.), quienes afirman tener documentos del Registro General de la Propiedad.

Para encontrar una solución al conflicto deben intervenir las entidades de gobierno del más alto nivel, como el Registro General de la Propiedad, el Registro de Información Catastral, la Dirección Ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Agrario y la Procuraduría General de la Nación, entre otras, quienes, informaron Mario Martínez, del Fondo de Teir5ras e Iván Cabrera, de la Secretaría de Asuntos Agrarios en Izabal.

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