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Guatemala, Octubre 25 del 2012 (CERIGUA).- Los pueblos Mayas y mestizos de Huehuetenango reiteraron su apoyo y solidaridad con la población de Totonicapán y manifestaron su indignación y repudio por el alto nivel que han alcanzado las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos fundamentales.

Francisco Mateo Morales, representante de la Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango (ADH) y del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), se solidarizó con los 48 cantones de Totonicapán, por los hechos ocurridos el pasado 4 de octubre y rechazó enérgicamente las acciones gubernamentales tendientes a privilegiar al sector económico y poderoso del país.

Mateo agregó que el gobierno impulsa iniciativas, como las reformas constitucionales, los cambios a la carrera magisterial, al sistema de transporte extraurbano y la ley de Minería, que afectan directamente los intereses de las mayorías, sin tomar en cuenta el consenso que pueda darse a nivel nacional.

A decir del dirigente, el gobierno del Presidente Otto Pérez Molina, en lugar de escuchar las demandas legítimas de la población, ha asumido actitudes confrontativas, además de descalificar a los movimientos populares que se oponen a sus proyectos; el extremo ha sido la represión de las protestas sociales, como sucedió en Alaska, con saldo de seis personas muertas y más de 30 heridas.

Los casos de represión también se han visto en Santa Cruz Barillas y San Rafael Las Flores, entre otros, por lo que piden un cese a estas acciones, que van en contra de los derechos humanos fundamentales de las poblaciones indígenas y exigen el respeto a la autodeterminación de las comunidades y las consultas populares, indicó Mateo.

Por su parte, la lideresa, María Guadalupe García de la organización Mama Maquín, exigió la liberación de los presos políticos, capturados como supuestos responsables de los problemas ocurridos en Barillas, así como el cese de la persecución de quienes se oponen a la hidroeléctrica Cambalam.

García pidió a los diputados, principalmente a los representantes por Huehuetenango, dejar sin trámite las reformas a la Constitución y la Ley de Minería, porque constituyen una amenaza y retroceso a la democracia.

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